Familiares de venezolanos deportados piden y liberación de detenidos en megacárcel
Los detenidos, parte de los 252 venezolanos expulsados el 15 de marzo, fueron acusados por las autoridades estadounidenses de integrar la organización criminal Tren de Aragua.
Noticias RCN
02:33 p. m.
Familiares y representantes legales de un grupo de venezolanos deportados por Estados Unidos y actualmente encarcelados en El Salvador solicitaron al gobierno del presidente Nayib Bukele autorización para visitarlos y exigieron su pronta liberación.
Familiares de venezolanos piden ver a sus familiares detenidos
Los detenidos, parte de los 252 venezolanos expulsados el 15 de marzo, fueron acusados por las autoridades estadounidenses de integrar la organización criminal Tren de Aragua, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas formales.
Desde San Salvador, Jhoanna Sanguino, tía de Widmer Agelvis Sanguino, y Reina Cárdenas, amiga cercana de la familia de Andry Hernández Romero, expresaron su preocupación por la falta de información sobre el estado físico y legal de sus seres queridos.
Ambas llegaron a El Salvador la noche del lunes en la primera visita familiar desde la deportación masiva.
“Queremos que se nos permita una visita, verificar cómo está su estado de salud y pedir una pronta liberación”, declaró Sanguino desde un hotel en la capital salvadoreña.
Cárdenas, por su parte, denunció que Hernández Romero fue detenido simplemente por tener tatuajes. “Queremos que él sepa que no está solo (...) tenemos la fe, las pruebas necesarias para demostrar que es inocente”, afirmó.
Ambas mujeres están acompañadas por Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo Internacional, una ONG de derechos humanos que ha asumido la defensa legal de seis de los venezolanos oriundos del estado de Táchira.
Márquez presentó una solicitud formal de visita ante la Dirección de Centros Penitenciarios y pidió ser recibido por Bukele. “Queremos exhortar al presidente a que nos reciba para presentarle toda la documentación que demuestra que deben ser puestos en libertad”, afirmó.
La detención de los venezolanos forma parte de un polémico acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador. Durante la istración de Donald Trump, El Salvador aceptó recibir a los deportados a cambio de seis millones de dólares para su mantenimiento en prisión.
Sin embargo, las deportaciones se realizaron en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un instrumento legal raramente utilizado, reservado tradicionalmente para tiempos de guerra, y sin que mediara juicio ni condena formal en Estados Unidos.
Según Márquez, El Salvador carece de jurisdicción penal internacional para mantener a los venezolanos encarcelados, y no existe ninguna sentencia válida en su contra. “No hay ni uno solo que esté con el Tren de Aragua”, subrayó.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Hernández Romero, estilista y actor de teatro, que cruzó el Darién en 2004 y vive en EE. UU. desde entonces.
Fue detenido por tener tatuadas dos coronas con los nombres de sus padres. Widmer Sanguino, de 24 años, llegó a Estados Unidos de manera regular como refugiado y también fue deportado por sus tatuajes: un búho, una rosa y un reloj.
“Todo fue por los tatuajes. Es impresionante no saber nada de ellos (...) hemos dejado nuestra vida personal a un lado para pedir que se haga justicia. Ha sido muy duro”, lamentó su tía.
Los familiares identificaron a sus seres queridos en videos oficiales difundidos por el gobierno salvadoreño, donde se les ve rapados, encadenados y confinados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel ubicada en Tecoluca, a 75 kilómetros de San Salvador.
Además del grupo respaldado por la Fundación El Amparo, otro bloque de una treintena de venezolanos está representado por abogados contratados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, estos defensores tampoco han podido acceder a los detenidos ni han obtenido respuesta a los recursos de hábeas corpus presentados.
Organismos como Amnistía Internacional han advertido que las detenciones violan el debido proceso y normas internacionales de derechos humanos, al no existir un procedimiento legal adecuado ni a la defensa.
El caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error, resalta la gravedad de la situación. Tras un litigio entre el gobierno de Trump y la justicia estadounidense, Ábrego fue devuelto a Estados Unidos, donde enfrenta ahora cargos por tráfico de migrantes.
Mientras tanto, familiares y activistas continúan exigiendo respuestas y justicia para los venezolanos, que permanecen incomunicados en una prisión diseñada para pandilleros y sin que pese sobre ellos una condena ni en su país de origen ni en Estados Unidos.
Síguenos en Google News
